La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, concluyó con sentimientos encontrados. Lo que se pensaba que sería una ocasión excepcional para reconfigurar las normas del sistema financiero global y avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible resultó en un documento final que ha sido fuertemente criticado por organizaciones de la sociedad civil, quienes lamentan su carencia de ambición, claridad y auténtica voluntad política.
El documento llamado «Compromiso de Sevilla» recibió el visto bueno de la mayoría de las naciones participantes; sin embargo, no contó con el apoyo de algunas potencias importantes, como Estados Unidos, cuya falta de respaldo influyó en el tono de las discusiones. Según las ONG, el texto no proporciona las soluciones fundamentales necesarias para enfrentar la crisis de deuda que afecta a numerosos países en desarrollo, ni representa un avance sólido en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo retroceso podría intensificar la desigualdad mundial.
En los días anteriores al evento oficial, más de 1.500 representantes de entidades sociales se congregaron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se formularon propuestas para una reforma completa del sistema económico mundial. En ese espacio, se enfatizó la importancia de crear un mecanismo multilateral, independiente y legalmente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, asegurando la participación justa de naciones deudoras y acreedoras, y evitando que los ajustes afecten de manera desproporcionada a los más vulnerables. No obstante, el documento aprobado solo señala, de manera imprecisa, la apertura de un proceso de discusión dentro de la ONU sobre el asunto, sin compromisos específicos ni fechas establecidas.
De acuerdo con portavoces de diversas redes globales, se perdió la ocasión histórica de tomar medidas decisivas en esta cuestión. Más de 60 naciones actualmente asignan más del 10 % de su presupuesto gubernamental al pago de la deuda, sobrepasando lo que destinan a la salud y educación, mientras que los procesos actuales de reestructuración permanecen poco claros, lentos y controlados por entidades con poca representatividad.
Simultáneamente, la situación de la asistencia al desarrollo continúa siendo preocupante. La AOD disminuyó un 9 % en 2024 y se anticipa otra caída este año, empeorada por las reducciones presupuestarias anunciadas por varios países donantes, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia perjudica directamente a iniciativas cruciales como la vacunación de menores, la protección de personas refugiadas, y el acceso a la educación y salud para mujeres y comunidades en riesgo. El Acuerdo de Sevilla no presenta medidas específicas para revertir esta situación, ni un calendario para lograr el objetivo del 0,7 % del PIB prometido por los países desarrollados desde hace décadas.
Aunque ciertos especialistas subrayan progresos en el plan para aumentar tres veces el límite de préstamos de los bancos de desarrollo multilaterales y el respaldo a acciones fiscales globales, las entidades sociales afirman que esos pasos son inadecuados si no se complementan con una transformación significativa de las normativas que gobiernan la economía mundial. También critican que numerosos países adinerados sostienen un discurso contradictorio: por un lado, ofrecen colaboración; por otro lado, disminuyen presupuestos y elevan el gasto militar.
La falta de participación de Estados Unidos fue vista por ciertos actores como una ocasión para que otras potencias, como la Unión Europea o China, asumieran el liderazgo en la revisión del sistema. No obstante, esta ausencia también privó al evento de uno de sus mayores financiadores y actores influyentes, lo cual redujo el impacto político de la reunión.
Las ONG coinciden en que la conferencia de Sevilla tuvo elementos positivos, como el reconocimiento de la necesidad de vincular el financiamiento al desarrollo con la lucha contra el cambio climático, pero critican la falta de herramientas concretas para garantizar su implementación. También reclaman que la participación de la sociedad civil sea más vinculante en futuros encuentros, y no solo testimonial.
Con la Agenda 2030 enfrentando desafíos y la deuda mundial en alza, la comunidad internacional veía en Sevilla una ocasión para ajustar las reglas del juego. No obstante, el desenlace generó más interrogantes que esclarecimientos. Para los activistas, el verdadero compromiso se evidencia no en discursos diplomáticos, sino en acciones políticas que redistribuyan los recursos, reconozcan las responsabilidades pasadas y aseguren a todas las naciones el derecho al desarrollo. Hasta que eso suceda, los compromisos continuarán siendo, según los propios participantes, meras buenas intenciones sin efecto tangible.