La reciente condena en Colombia contra siete exdirectivos de una filial de Chiquita Brands ha vuelto a poner bajo escrutinio la compleja trayectoria de esta empresa multinacional en América Latina. Con una pena de 11 años de prisión y una multa millonaria, la justicia colombiana sentó por primera vez un precedente contra ejecutivos vinculados al financiamiento de grupos armados en el país. La decisión reafirma el vínculo comprobado entre Banadex —filial de Chiquita— y el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al que se transfirieron más de 1,7 millones de dólares entre 1995 y 2004 a cambio de protección en las zonas bananeras del Urabá.
Este fallo reabre un capítulo oscuro en la historia de una compañía que, desde su origen como United Fruit Company en 1899, no solo transformó la industria global del banano, sino que también moldeó, con frecuencia de forma controversial, el curso político y social de varios países de América Latina.
Del ferrocarril al dominio agrícola
El origen de United Fruit Company se debió a la visión emprendedora de Minor Keith, un inversionista en ferrocarriles que se dio cuenta del potencial del banano al ver su cultivo por obreros jamaiquinos en Costa Rica. Desde ese punto, la compañía estableció un modelo de negocio que integraba producción agrícola, logística y exportación, enlazando las plantaciones en Centroamérica y el Caribe con los mercados consumidores en Estados Unidos y Europa.
A lo largo de los años, la empresa incrementó su influencia económica y su dominio territorial. Para 1930, era dueña de más de un millón de hectáreas y administraba su propia flota marítima llamada la Gran Flota Blanca. Su poder era tan significativo que sobrepasaba la capacidad operativa de los gobiernos locales, gestionando infraestructura esencial como trenes y puertos en diversos países.
Impacto político y tensiones sociales
La adquisición de este poder económico permitió una notable intervención política. La compañía jugó un papel central en eventos significativos de la historia de América Latina, como la masacre de las bananeras en Colombia en 1928 y el golpe de Estado en Guatemala en 1954. En ambas ocasiones, la empresa protegió sus intereses corporativos, favoreciendo a gobiernos compatibles y respaldando acciones que resultaron en la opresión de trabajadores o el derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente.
Durante la huelga de trabajadores bananeros en Santa Marta, Colombia, la empresa solicitó apoyo militar, lo que derivó en una masacre por parte del ejército. En Guatemala, su conflicto con el presidente Jacobo Árbenz, promotor de una reforma agraria que afectaba las tierras ociosas de la empresa, motivó una operación encubierta liderada por la CIA que culminó en su derrocamiento.
Estas medidas fortalecieron la fama de la compañía como emblema del dominación económica en el área. Su influencia llevó al uso del término «república bananera», empleado para referirse a naciones con sistemas políticos frágiles ante la presión de poderes externos.
Desde United Fruit hasta Chiquita Brands
A pesar de su poder, la empresa no estuvo exenta de crisis. En los años 70, enfrentó una pérdida de legitimidad derivada de su asociación con gobiernos autoritarios, así como la formación de un cartel bananero por parte de países productores que buscaban mejores condiciones comerciales. Tras una serie de reestructuraciones, en 1990 fue rebautizada como Chiquita Brands International, nombre con el que hoy opera globalmente.
Aunque disminuyó su presencia pública, la compañía continuó siendo el centro de polémicas. Al comienzo del siglo XXI, salió a la luz que había hecho pagos continuos a las AUC, un grupo armado de Colombia relacionado con graves violaciones de derechos humanos. Estos pagos se justificaron como medidas de protección, sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que las transferencias fueron revisadas y aprobadas por altos ejecutivos, quienes conocían plenamente la naturaleza violenta de la organización.
Responsabilidades judiciales y consecuencias éticas
En 2007, Chiquita reconoció ante las autoridades de Estados Unidos haber proporcionado financiación a las AUC y accedió a pagar una multa de 25 millones de dólares. No obstante, no fue hasta 2024 que un jurado en Florida la encontró culpable de ocho homicidios perpetrados por paramilitares, significando un precedente legal que ahora es respaldado por la reciente sentencia en Colombia.
Estas sentencias representan un punto de inflexión en la manera en que se exige responsabilidad a las multinacionales por sus actuaciones en contextos de violencia. El caso de Chiquita demuestra cómo decisiones corporativas adoptadas para proteger operaciones comerciales pueden terminar implicando complicidad con crímenes de guerra.
Un legado complicado y actual
Hoy en día, Chiquita Brands continúa siendo uno de los líderes en el mercado mundial del banano, presente en supermercados a nivel global y contando con alrededor de 18,000 trabajadores. A pesar de que la compañía intenta mostrar una imagen actual y responsable con la sociedad, los recientes fallos judiciales demuestran que su historia está influenciada por eventos que van más allá de lo empresarial, tocando aspectos políticos y éticos.
A 125 años desde que se fundó, la empresa es conocida por su innovación en logística y su papel crucial en el crecimiento del comercio agrícola mundial. Sin embargo, también lleva la carga de un pasado en el que su influencia fue clave en dinámicas de poder, abusos laborales y violencia estructural en América Latina. La reciente sentencia en Colombia no solo trae de vuelta ese pasado, sino que también plantea interrogantes urgentes sobre el papel de las compañías transnacionales en regiones con equilibrios institucionales frágiles.