En el sur de Quito, la escasez de agua ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a más de 400.000 personas. La situación, considerada la más grave de las últimas dos décadas, se originó tras un deslizamiento de tierra en el páramo del Antisana, que dañó gravemente la infraestructura de distribución del recurso. Este evento natural ha dejado a seis zonas de la ciudad sin acceso regular a agua potable, obligando a los residentes a sobrevivir con repartos esporádicos y a recurrir a fuentes no potabilizadas.
Aunque las autoridades locales y nacionales discuten sobre sus obligaciones, los ciudadanos se encuentran ante una situación caracterizada por extensas colas, contenedores improvisados y una creciente incerteza acerca de cuándo se restablecerá la normalidad.
Sobrellevando la falta de agua: la rutina diaria en Chillogallo
En el barrio de Chillogallo, al sur de la capital ecuatoriana, la espera por agua se ha convertido en parte de la rutina. Inés Castro, de 74 años, se sienta en la vereda con un balde vacío esperando el paso de un camión cisterna, conocidos como tanqueros. Como ella, decenas de vecinos cargan botellas, ollas y hasta tachos de basura para intentar recolectar el líquido vital.
Una gran cantidad de personas afectadas son ancianos que carecen de la energía necesaria para llevar el agua hasta sus residencias. “Estamos aquí en este frío desde temprano, sintiendo hambre. No contamos con agua ni siquiera para bañarnos”, comenta Erselinda Guilca, una pensionada notablemente fatigada. Las condiciones de espera, junto con la incertidumbre sobre la hora en que arribarán los camiones cisterna, han intensificado el descontento de la comunidad.
Acciones inadecuadas y manifestaciones de la ciudadanía
El Municipio de Quito ha desplegado 71 tanqueros, cinco hidrantes móviles y varios puntos fijos de distribución, pero estos recursos no han sido suficientes para cubrir la demanda. La distribución irregular y la escasa capacidad logística han provocado protestas en diferentes barrios. En Nueva Aurora, vecinos desesperados se han volcado a una vertiente natural no potabilizada para abastecerse, exponiéndose a riesgos sanitarios.
A falta de vehículos adecuados, algunos ciudadanos alquilan carretillas, coches improvisados o incluso utilizan fundas de basura para cargar el agua. Tomás Chiguano, un albañil afectado por la crisis, cuenta que su trabajo también se ha visto paralizado, ya que no hay agua para mezclar materiales básicos como cemento y arena.
Gastos extra en un contexto de escasez
El impacto económico también ha sido una constante. Los residentes denuncian que deben pagar entre 2 y 5 dólares por transporte para poder acceder a los puntos de distribución. María Tipán, habitante de la zona, realiza hasta ocho viajes diarios para abastecerse. “No tenemos ni para lavar la ropita. Tengo nietitos que ensucian. Está saliendo muy cara el agua y nos cobrarán la plantilla completa de agua”, se lamenta.
Este costo extra golpea especialmente a las familias de bajos recursos, que deben elegir entre destinar dinero al agua o a otras necesidades básicas como alimentos y medicamentos.
Declaraciones oficiales y conflictos institucionales
El manejo de la crisis ha expuesto importantes divisiones entre las autoridades locales y las nacionales. Mientras el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, asegura que más de 500 individuos están laborando en el área afectada para reanudar el servicio, el Gobierno central ha criticado la carencia de coordinación y claridad en la respuesta de la administración municipal.
La vicepresidenta del país, María José Pinto, fue asignada para supervisar la ayuda en las áreas dañadas. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) informó sobre la ubicación de plantas móviles para purificar agua en diversos lugares estratégicos, con el respaldo de la Cruz Roja. No obstante, la ministra de Energía y líder del COE, Inés Manzano, criticó al Municipio por no ofrecer un plan de acción técnico ni mantener una comunicación adecuada.
Por su parte, el alcalde Muñoz denunció la ausencia de funcionarios del Gobierno nacional en el Puesto de Mando Unificado y pidió una mayor colaboración institucional para superar la crisis.
Camino a la recuperación
A pesar de que las autoridades tienen la intención de reanudar el servicio de manera parcial en los días venideros, el daño en la infraestructura de la tubería principal ha causado un retraso en las tareas de reparación. De acuerdo con el Municipio, ya se ha eliminado el 77% del material terrestre acumulado en el área del derrumbe, lo cual facilitaría el inicio de las pruebas operativas de la red próximamente.
Mientras tanto, unidades de emergencia de otros cantones y provincias han comenzado a sumarse a las tareas de distribución. La Asociación de Municipalidades del Ecuador ha coordinado el envío de más tanqueros para apoyar en la atención a los barrios más afectados.
La emergencia en Quito pone en evidencia no solo la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica ante fenómenos naturales, sino también la necesidad de contar con una planificación conjunta, eficiente y solidaria entre niveles de gobierno. La población, por su parte, continúa resistiendo y adaptándose, mientras espera que el agua vuelva a fluir con normalidad.