Esta semana el Gobierno inicia el proceso que culminará con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Las actividades incluyen las reuniones de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el lunes. y la aprobación del marco macroeconómico y posiblemente del “gas cap” por el Consejo de Ministros de este martes.
En las reuniones con los consejeros de la CNAL y los asesores regionales del CPFF, la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero comunicará los objetivos de déficit y los recursos destinados a estos organismos estatales para el próximo año.
En el contexto macroeconómico, el ministro de Economía, Comercio y Comercio, Carlos Cuerpo, anunció que el gobierno revisará al alza el jueves la previsión de crecimiento del PIB para este año hasta 2025. Si bien aún no se han publicado las cifras exactas, Body confirmó que la revisión impulsará el crecimiento del PIB hasta alrededor del 2,5% desde el 2% actual en 2024, mientras que la previsión para 2025 es del 1,9%.
El Banco de España prevé un crecimiento del PIB del 2,3% este año y del 1,9% en 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un 2,4% este año y un 2,1% el próximo y la Comisión Europea prevé un 2,1% para 2024 y un 1,9% para 2025.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha iniciado negociaciones para asegurar los PGE 2025, buscando el apoyo de varios partidos mediante la “geometría variable”, estrategia que ha utilizado para aprobar diversas normativas en el pasado.
Fuentes del Ejecutivo han facilitado detalles de los nuevos planes presupuestarios a Servimedia, destacando el «arma de emergencia» anunciada por Hacienda el mes pasado. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a los ministros a definir sus prioridades y presupuestos.
El contexto político es complejo, particularmente en Cataluña, donde las elecciones del 12 de mayo dieron la victoria al socialista Salvador Illa pero aún no hay candidato para la toma de posesión ni acuerdos sobre su jubilación. Según el Ejecutivo, las negociaciones están estancadas, aunque no han sido revertidas.
Para facilitar la aprobación de los primeros pasos de los PGE, la administración incluyó en la Ley de Igualdad un compromiso de anular el poder de veto del Senado sobre las metas de déficit, de modo que sólo puedan ser aprobadas por el Congreso. Esta medida desató un debate jurídico tras su presentación por parte del PP en el Congreso. El objetivo de Montero es, por tanto, presentar el proyecto de presupuesto en octubre.
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