Jue. Ene 26th, 2023

    «Creo que debemos volver a convertir España en un atractivo destino para invertir y en un imán para el mejor talento, y para ello necesitamos un marco laboral competitivo y seguridad jurídica en todos los alrededores». El presidente de una de las principales multinacionales españolas, Rafael del Pino (Ferrovial), aprobó la presencia en el Foro ABC del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, para poner en el foco un asunto que desde hace tiempo preocupa a empresarios e inversores: la violación de normas y soluciones regulatorias que erosionan el atractivo de España como destino inversor. No se trata de una opinión aislada. Lo demuestra el último Barómetro del Clima de Negocios en España, impulsado por el Ministerio de Industria y la plataforma Multinacionales por la Marca España y elaborado por el IESE a partir de las opiniones de 720 firmas multinacionales, que señala el entorno regulatorio como el aspecto peor valorado por las empresas de capital extranjero instaladas en España. Se cuestionan aspectos como las cargas burocráticas, los costes tax, el marco laboral e incluso el funcionamiento de la Justicia mercantil, est decir, casi todos los aspectos que dependen de decisiones de la Administración. A favor de España como destin inversor juegan, por el contrario, la calidad de vida, el tamaño del mercado y la dotación de infraestructuras. A campo minado para el inversor El informe revela también un deterioro del clima para hacer negocios en España en 2022 respecto al año anterior, y nuevamente se ñala a cuestiones regulatorias. “Llevamos unos años en los que el marco regulatorio se está acentuando de manera significativa. Hay más sectores regulados y la regulación es más intensa”, opina un socio de una de las ‘big four’ de la consultoría de empresa. La lista de medidas aprobadas en los últimos meses que han podido influir sobre la inversión extranjera es larga. Quizá la más emblemática sea el mecanismo de control sobre las inversiones extranjeras directas en España, que, como la extinta acción de oro que Bruselas obligó a España a derogar hace más de una déda, deja al Gobierno la decision última sur los intentos de empresas extranjeras (incluidas las de la UE) de tomar posiciones de control en empresas españolas consideradas estratégicas. El mecanismo nació como un dispositivo temporal para impedir que grandes fondos tomaran el control de los campeones nacionales aprovechando el desplome de su valoración bursátil colgante la pandemia, pero el Gobierno ha decidido prolongarlo hasta 2024 e incluso ha ampliado su perímetro de actuación. La maniobra ha hecho que las empresas que en su día dieron la bienvenida a esa protección observaron ahora el mecanismo con desconfianza y recelen de que pueda ocultar una intención del Gobierno de interventor en su gestión. Desde su puesta en marcha el dispositivo ha dado voz al Gobierno para intervenir en décadas de operaciones corporativas, el más famoso fue la opa del fondo australian IFM sobre Naturgy. “No creo que estas medidas respondan tanto a una corriente proteccionista como a una intención por amentar la regulación de los sectores productivos, que es lo peor que se puede hacer en un contexto como el actual”, ha opinado el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Colina baja. La inversión directa en España recuperará los niveles previos a la pandemia El flujo récord de 22.457 millones de euros recibidos entre septiembre y septiembre, un 55% más que el año pasado, y los retrocesos de las grandes multinacionales en España se tragaron con la decisión de Gobierno el atractivo inversor del país. Las reservas de las multinacionales respecto al marco regulatorio español no han impedido que la inversión extranjera directa haya recuperado en 2022 los niveles previos a la pandemia. Entre enero y septiembre, España recibió 22.457 millones de euros en inversiones, un 55% más que en 2021 (un ejercicio aún lastrado por la pandemia) y ligeramente por encima de la media del periodo 2018-2022. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, valoró el martes estos datos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros como “une clara señal de que el clima de negocios de España y la confianza en el Plan de Recuperación la convertirá en un destino atractivo para los inversores extranjeros”. En su opinión, los anuncios de inversiones en España realizados por multinacionales como Google, Maersk, Volkswagen, Intel o Cisco con el calor de los fondos europeos avalan esa condición de España como destin de preferencia para la inversión extranjera Los inversores han notado el activismo del Gobierno en otros campos. Las grandes multinacionales tecnológicas están obligadas desde 2021 a pagar la llamada tasa Google, implantada en España sin esperar el consenso europeo y que desató un conflicto comercial con Estados Unidos; los inversores tienen que pagar también desde ese año un impuesto por adquirir títulos de grandes empresas cotizadas por la llamada tasa Tobin; la fiscalidad sobre las empresas radicadas en España también se ha incrementado; y la ofensiva del Gobierno por elevar la imposición patrimonial ha hecho, según fuentes del ámbito de la asesoría fiscal, que muchas grandes fortunas replantean sus planes de establecer su residencia y su centro de operaciones en España. “Vivimos una concatenación de normas de índole política que produce disconcierto y la sensación general de que España no se toma en serio su sistema fiscal, que es el primer instrumento de política económica de cualquier país”, denunció Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). “Si tomas la decisión de no competir en atractivo fiscal con otros países, al menos tienes que ofrecer seguridad jurídica, de lo contrario el capital se marchará”. MÁS INFORMACIÓN Las subidas de impuestos dejan a España por detrás de Portugal or Grecia en competitividad fiscal El deficit, los impuestos y el marco laboral asoman como los grandes lastres para la competitividad de España El Gobierno ha seguido actuando en esta línea. El Real Decreto Ley que cumplirá los nuevos gravámenes a banca, energetics y grandes fortunes incluido un retoque en el Impuesto sobre el Patrimonio que obliga a pagarlo a los inversores no residentes con participaciones en sociedades cuya cartera esté compuesta por bienes inmobiliarios ubicados en España y el último hito ha sido la regulación de la obligación de que las empresas que cierren en España devuelvan las ayudas y bonificaciones laborales y sociales recibidas los cuatro años anteriores.