El debate se instala y se escuchan voces en todas las direcciones. Por un lado, le corresponde al Gobierno la búsqueda de soluciones a la coyuntura inmediata. Por el otro, en un año electoral, la alquimia sobre qué hacer hacia el futuro es una tarea que convoca a los distintos espacios políticos, principalmente a sus precandidatos y equipos técnicos.
Proponemos una lectura a mayor distancia de la realidad cotidiana y del compromiso de formular un programa económico. Hoy, a las puertas de cumplir 40 años desde la recuperación de la democracia, el balance de la trayectoria seguida hasta aquí tiene claroscuros.
Sin dudas, es un logro indiscutible que a lo largo de estas cuatro décadas las instituciones y la participación ciudadana en los asuntos públicos se hayan organizado bajo la plena vigencia de la Constitución.
Sin embargo, la trayectoria económica y su contrapartida social ha sido muy pobre: estancamiento económico, falta de inversión, ausencia de la creación de empleo de calidad, exclusión social y pobreza, inflación alta y volátiles son los rasgos conocidos.
Aquí es donde la democracia aún no ha podido anclarse en un terreno más firme; El resultado es difícil de conciliar derechos y libertades propios del estado de derecho con las posibilidades reales que ofrecen el entorno económico a la gran mayoría de los ciudadanos.
Hay suficiente evidencia para sostener que los problemas que conocemos hoy tienen una larga data. Hace casi medio siglo, el país agotó un sendero apoyado en el vigoroso crecimiento del mercado interno y la sustitución de importaciones. Además, seguirán diferentes intenciones para reorientar el mercado económico, llamando al autoritarismo y la limitación de las libertades civiles. Diversas razones impidieron este reordenamiento. Ya entrado este siglo, existió una nueva oportunidad -proporcionada por un contexto internacional excepcionalmente favorable-, pero por decisiones claves de política económica, el país no modificará conectar con esa bonanza transitoria.
Asi llegamos donde nos encontramos hoy. Se suele afirmar, no sin algún tono simplista, que faltan dólares y sobran pesos. Y casi un renglón seguido se sostiene sólo si se corrige el problema de los pesos (déficit fiscal), aparecen los dólares (mejora de la generación de fraccionamientos). Nuestro análisis tiene matices respecto de esa noción.
Un punto clave: esencialmente una consolidación de las finanzas públicas, pero al mismo tiempo requiere trabajar de manera muy consistente con un paquete de políticas orientadas a una participación más dinámica de la economía argentina en los flujos de inversión y comercio regional y global.
Ambas direcciones stratégicas – tanto en el plano externo como en el fiscal – deben ser enmarcadas en un plan integral destinado a estabilizar la economía argentina. Difícilmente pueda avanzar de manera sólida en uno y otro terreno en un ambiente inflacionario y volátil como el actual.
¿Cómo lograr una inserción internacional más dinámica? Proponemos tres ejes de política. En primer lugar, porque es obvio que una normalización de la macroeconomía tiende a ser una contrapartida beneficiosa para el lado del balance de pagos.
A modo de ejemplo, una regularización del régimen cambiario -es decir, la eliminación de los tipos de cambio múltiples sobre los que opera hoy el comercio exterior-, debería producir una respuesta favorable de las exportaciones, de las compras externas y, lo que no es menor, la captación de inversiones externas y del crédito privado.
Pero de poco valdría avanzar en esa dirección sin una política comercial externa a tono con la misma. Esto significa no sólo revitalizar nuestra relación comercial y económica con Brasil y el Mercosur; además, trabajar de manera más amplia en la agenda bilateral con nuestros socios más importantes: China, Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes.
Finalmente, hay una combinación de políticas productivistas y sectoriales que deben ser puestas a tonelada con la dirección estratégica que hemos apuntado. Se destacan aquellas actividades que pueden tener una mayor velocidad de respuesta a corto plazo: agroindustria, energía, minería, servicios basados en el conocimiento y turismo, entre las principales.
En la medida en que estos sectores reaccionen positivamente al nuevo marco de la política, habrá avances equivalentes en otras actividades que requieren plazos, inversiones y transformaciones antes de ganar competitividad externa. Nada de esto ocurrirá de manera instantánea.
El terreno fiscal luce aún más complejo. El problema está dado por la inexistencia de crédito público interno y externo, lo cual ubica en primer plano la reducción del desequilibrio primario en un contexto de la presión tributaria sobre el sector formal de la economía ha alcanzado niveles máximos.
En términos estrictos, la tarea a realizar es una reforma del Estado -con redefinición de funciones y prioridades de gasto-, de manera de consolidar las finanzas públicas. Algunas políticas a considerar: reducción de los subsidios tarifarios, reforma de la seguridad social, ampliación de la base tributaria a través de la reducción de la evasión y como paso previo a cambios impositivos más ambiciosos.
El principal desafío de una agenda como el hemos descripto no está en la esfera técnica de las medidas: la dificultad estriba en la economía política que subyace a las mismas. Esto significa la necesidad de llegar a consensos amplios y duraderos en el tiempo.
La solidez de estos acuerdos es importante para sostener el rumbo y adoptar, según se requiera, respuestas que sean compatibles con la estrategia elegida. Por tanto, si existen elementos analíticos para sostener que es posible reorientar la estrategia de desarrollo, las posibilidades efectivas de hacerlo dependen de decisiones que envuelven al conjunto de la dirección política, empresarial y de la sociedad civil. No hay atajos posibles ni soluciones mesiánicas.