La asociación de consumidores ha denunciado a 33 inmobiliarias por la vulneración de lo establecido en la Ley de Vivienda desde el pasado 26 de mayo. Suponiendo que la norma prevea que los gastos de administración de la propiedad y la formalización del contrato serán sufragados por el arrendador, “numerosas” agencias siguen cobrando sus servicios a los usuarios que buscan piso. Al juicio del secretario general de la organización de consumidores, Rubén Sánchez, esta ley esta «está siendo ninguneada por buena parte de las empresas del sector inmobiliario».
La organización interpone estas denuncias tras recibir, desde finales del mes de mayo, peticiones de parte de los consumidores. En este caso, expresaban su necesidad de conocer sus derechos ante esta práctica irregular y solicitaban que se denunciase a las agencias que la están cometiendo.
Ante esto, Facua ha comenzado un rastreo del mercado inmobiliario en distintas ciudades para investigar, denunciar y aquellas inmobiliarias que están incumpliendo la nueva normativa. La asociación asegura que tras esta investigación «anunciará nuevas denuncias en breve». Hasta ahora, las mobiliarias a las que se ha denunciado la organización se han encontrado en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca. Aunque algunas de las denunciadas poseen propiedades en alquiler en diferentes municipios por toda España.
organización de consumidores ha detectado ciertos «trucos» a los que recurren las agencias para cobrar los gastos a los inquilinos: “Además de aquellos que directamente anuncian o communican que el pago de estas gestiones debe hacerlas el futuro arrendatario, están las que inventan nuevos conceptos” explican. Entre ellos, mencionar que las agencias cobran cuotas por la realización de «estudios de viabilidad y solvencia económica del inquilino», el uso de anglicismos para referirse a los honorarios como «fee» o imponen el pago de una cuota por los «servicios prestados al arrendatario”.
Sánchez sugiere que, según la nueva redacción de la ley, «es absolutamente clara y no cabe otra interpretación posible» y considera que estas prácticas son una «irregularidad», por la que ya han denunciado una treintena de inmobiliarias. También recuerdan que los afectados tienen derecho al reembolso hay un consejan que, una vez firmado el contrato y habitado el piso se presenta una solicitud para la devolución del dinero.
El secretario urge, en una rueda de prensa ante Europa Press, a las empresas de este sector a no seguir «remoloneando». Y declarará que espera que las autoridades «emprendiendo las acciones que correspondan para erradicar esta práctica ilegal” que consideró “extraordinariamente grave”. Además, pide al Gobierno que de conocer los derechos legales de los ciudadanos.