Hacienda ha confirmado que el gravamen temporal a las grandes energéticas se rediseñará para incentivar las inversiones verdes y que se mantendrá más allá de los dos ejercicios previstos. “El diseño de este impuesto era temporal, pero en los acuerdos a los que llegamos después de la conformación de esta investidura hemos trasladado que va a ser permanente, y eso requiere que este impuesto tenga algunos ajustes y se vea modificado en una parte, básicamente para incentivar la inversión en electrificación de la red”, ha señalado este martes la titular del departamento, María Jesús Montero, en la rueda de prensa celebrada después del Consejo de Ministros.
El runrún sobre la futura modificación del impuesto, recurrido en los tribunales por las compañías afectadas, que a la vez han amenazado con retirar inversiones del país, ya había empezado la semana pasada después de que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmara que el Gobierno busca un “un impuesto energético razonable porque la situación es otra”. “Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, añadió en una entrevista con la agencia Efe. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó días más tarde que el Ejecutivo estaba empezando a trabajar en cómo incentivar “grandes inversiones” en renovables y en el “rediseño” del impuesto extraordinario.
El impuesto a las energéticas se aprobó el año pasado —junto con otro que afecta a la banca— para gravar las ganancias extraordinarias del sector durante dos ejercicios, 2022 y 2023. Pese a su carácter transitorio, el mismo texto que aprueba el gravamen señala que se analizará a finales del periodo de vigencia, y el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar incide en que ambos tributos se revisarán para “readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”.
La lógica detrás del impuesto alegada por el Gobierno era que las grandes compañías estaban engordando sus beneficios gracias a la explosión de los precios del gas y la electricidad empezada con la reapertura de la actividad tras la pandemia y agravada por la invasión rusa de Ucrania. De hecho, las mayores empresas españolas del sector ganaron más que nunca el año pasado en su conjunto.
Este año la energía sigue cara, aunque lejos de los máximos de hace un año, y se prevé una elevada volatilidad en los mercados de las materias primas para los próximos meses debido a las turbulencias geopolíticas. Con estos mimbres —y pese a seguir haciendo caja—, las grandes compañías del sector, desde Iberdrola a Endesa, han amenazado al Gobierno con paralizar sus inversiones en España, alegando la excesiva carga fiscal y reclamando mayor seguridad jurídica. Las quejas no vienen solo del sector privado, también hay socios del Gobierno que ven el tributo de malos ojos, como el PNV, muy conectado con dos grandes de la energía (Iberdrola y Repsol).
Además del malestar por el impuesto en sí, hay críticas sobre su estructura. El gravamen, que recaudó más de 1.600 millones en su primer año de vigencia, ni es un tributo —se aprobó como una prestación patrimonial de carácter no tributario—, ni se aplica a los beneficios, sino al importe neto de la cifra de negocios, a un tipo del 1,2%. Este diseño, critican las empresas afectadas —aquellas que en 2019 facturaron más de 1.000 millones de euros—, choca con la fórmula europea de gravar las ganancias que otros países del entorno han adoptado, y previsiblemente será otro objeto de cambio.
“Queremos con esta figura fiscal mandar un mensaje al sector energético para que continúe o empiece proyectos de inversión que permitan acelerar el ritmo de transformación de nuestras fuentes energéticas para que el país sea más sostenible y eficaz en la lucha contra el cambio climático. Trabajaremos en la modificación del impuesto para que esas inversiones sean un incentivo que permita a las empresas invertir de forma acelerada”, ha añadido Montero este martes.
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