El Parlamento Europeo ha aprobado su posición definitiva sobre la reforma de las reglas fiscales este miércoles a mediodía y apenas una hora después sus representantes ya se estaban reuniendo con los del Consejo de la UE para negociar. Hay mucha prisa. Los dos colegisladores de la Unión tienen que pactar la redacción definitiva de los dos reglamentos y la directiva que componen las nuevas normas del Pacto de Estabilidad para que el pleno de la Eurocámara les dé el visto bueno final antes de las elecciones europeas de junio. Y eso exige rapidez. Los preceptivos procesos parlamentarios comprimen bastante el calendario y apenas dejan unas semanas, un mes más o menos, para el tira y afloja entre ambas instituciones hasta llegar a un punto de encuentro. Si no se alcanza, la legislatura comunitaria concluirá sin cerrar uno de los objetivos prioritarios y obligaría a volver a las normas fiscales actuales, suspendidas desde que explotó la pandemia y que son tan rígidas e irreales que, en realidad, nunca se han aplicado.

La negociación no será fácil. Bélgica, el país que preside el Consejo de la UE durante este semestre, es consciente de lo mucho que lo costó a España atraer a Alemania y todo lo que hubo que endurecer el planteamiento inicial de la Comisión Europea para que Berlín —concretamente su ministro de Finanzas, el ordoliberal Christian Lindner— aceptara entrar en el acuerdo a las puertas de las vacaciones navideñas. El equipo del titular belga de Finanzas, el democristiano Vincent van Peteghem, no dispone de un margen amplio para moverse en las conversaciones. Fuentes del Consejo, conocedoras en profundidad de lo negociado entre los ministros de Finanzas en el Ecofin, advertían esta semana en Bruselas que las negociaciones que empiezan ahora deben tener presente el delicado equilibrio alcanzado por los Veintisiete y que “mover una pieza puede descomponer todo el puzle”.

Algo de más espacio parece tener el Parlamento, que suele ser la institución que más acaba cediendo en estas negociaciones, conocidas en la jerga comunitaria como trílogos por estar presentes en las reuniones los dos colegisladores más la Comisión. Aunque también es cierto que el resultado de la votación ha sido holgado con 430 votos a favor y 172 en contra, esto puede ser un espejismo. Este miércoles lo que realmente se votaba en la Eurocámara era dar el mandato de negociación a las dos ponentes parlamentarias de las normas, la popular Ester de Lange y la socialista Margarida Marques. En estos casos, es habitual que muchos de quienes inicialmente se oponen a un texto legal se abstengan en esta votación por no poder incluir ya enmiendas. Y la mayoría que ha respaldado la posición negociadora, compuesta principalmente por populares, liberales y socialistas, puede verse mermada —especialmente por el lado socialista— si durante la negociación final las normas se endurecen todavía más de lo que ya se hizo durante las conversaciones entre los grupos políticos para ahormar la postura aprobada.

Tanto Bélgica, por parte del Consejo de la UE, como De Lange y Marques llegan a este punto con un mandato que endurece la propuesta que lanzó en abril la Comisión. Es decir, exige mayores esfuerzos a los Estados para reducir la ingente cantidad de deuda pública acumulada durante la crisis financiera de la pasada década, la pandemia y el shock de precios energéticos desatado por la invasión de Ucrania por Rusia. Ambas instituciones mantienen las líneas básicas del Ejecutivo comunitario: se mantienen las cifras sacrosantas de un límite máximo de déficit anual equivalente al 3% del PIB y un tope a la deuda pública del 60%, números esculpidos en los tratados e inamovibles, so pena de abrirse procedimientos de corrección para el Estado que los infrinja. También aceptan ambas que los que superen ese listón de deuda tendrán que negociar con Bruselas planes de ajuste fiscal de cuatro años ampliables hasta siete si el Estado concernido se compromete a hacer reformas que aumenten el crecimiento potencial del país e invertir para adaptarse a las transiciones verde y digital. Y, además, asumen que la piedra angular del sistema será una regla por la que los gastos estructurales públicos no podrán superar a los ingresos.

Si bien hay un punto de partida común en las líneas básicas, es fácil detectar acentos diferentes entre el mandato del Parlamento y el del Consejo. El primero, por ejemplo, reclama que también el gasto social se considere una inversión para ampliar las sendas de ajuste de cuatro a siete años. Lo hacen pidiendo que se incluya una evaluación sobre cómo alcanzar objetivos recogidos en el Pilar Europeo de Derechos Sociales “incluyendo el empleo, la formación y la reducción de la pobreza para 2030″. Otro aspecto en el que el Parlamento da más margen a la inversión es en la regla de gasto, para la que piden que no se consideren como parte del desembolso estructural los gastos de la cofinanciación del fondo de recuperación y otros programas europeos hasta un límite del 0,25 del PIB nacional.

Para acercar posiciones, fuentes del Consejo confiaban esta semana en que explicando bien el pacto alcanzado entre los Estados, el Parlamento podría entender que alguna de sus demandas ya están recogidas y citaban como ejemplo la reclamación de que se haga hueco a la inversión social.

Desde estos puestos de salida han comenzado unas negociaciones que deben arrojar un resultado en febrero para que los dos reglamentos y la directiva que reforman las reglas fiscales puedan pasar a tiempo por la Comisión de Economía y el pleno del Parlamento Europeo, que en mayo suspenderá su actividad para dar paso a la campaña electoral que conducirá a las elecciones del 9 de junio.

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