Así es el nuevo marco europeo para reducir la deuda y el déficit. ¿Qué cambia? ¿Será más flexible? | Economía

Tras nueve meses de duras negociaciones, con rifirrafes y amagos de no llegar a un acuerdo, los Veintisiete han consensuado in extremis una posición política común para reformar las reglas fiscales europeas. Con este pacto, logrado bajo la presidencia española del Consejo de la UE, Bruselas cierra una etapa que empezó con la crisis financiera de hace una década: da un portazo al esquema diseñado en 2008, que se demostró tan rígido al punto de no cumplirse, y que sería totalmente inasumible ahora, ante una deuda pública que se ha disparado para hacer frente a la pandemia. De hecho, el todavía vigente corsé presupuestario se suspendió al estallar la crisis sanitaria y sigue congelado hasta el próximo año. El nuevo modelo, del que quedan por cerrar flecos, será más flexible, pese las cesiones hechas al bloque de los halcones, liderados por Alemania.

¿Qué son las reglas fiscales?

Las reglas fiscales suponen una cortapisa para que los Estados respeten la disciplina fiscal y sus cuentas públicas no se salgan de control. En concreto, fijan límites a determinadas magnitudes, como la ratio de deuda y déficit sobre el PIB y el crecimiento del gasto, para evitar tensiones presupuestarias y garantizar credibilidad en los mercados. La gran cuestión es qué pasa si se sobrepasan estos niveles —del 3% en el caso del déficit y del 60% para la deuda—. El diseño actualmente en vigor y congelado desde la pandemia preveía duros recortes para los incumplidores: una rebaja de un veinteavo al año en la cantidad de deuda que excedía el 60% del PIB, un recorte de medio punto de déficit al año y multas cuantiosas —que, sin embargo, nunca se aplicaron—.

Este modelo se estrenó con la Gran Recesión y dejó patente que las medidas de austeridad impuestas para volver a cuadrar las cuentas tenían un impacto aún más duro sobre las economías de los países afectados. Con la llegada de la covid, Bruselas activó la llamada cláusula de escape, que permite suspender las reglas fiscales en caso de circunstancias excepcionales, y abrió de una vez por todas el melón de la reforma del sistema. La negociación se ha ido alargando y ha causado encontronazos entre el bloque más ortodoxo de la disciplina fiscal, en el cual están países como Alemania, y los partidarios dotar al sistema de más elasticidad —que son también los más endeudados—, como Francia y España.

¿Se mantienen los umbrales máximos de deuda y déficit?

Sí. Se mantienen los límites máximos contemplados en los tratados europeos, del 3% del PIB para el déficit —y al Estado que lo incumpla se le abrirá un procedimiento de déficit excesivo, como ocurre hasta ahora—, y del 60% para la deuda como establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE. Era necesario mantener estos objetivos para no cambiar una norma que exigiría cambiar el Tratado europeo. Lo que cambia es el ritmo y la intensidad del ajuste, más flexible tanto en su duración como en su diseño. Además, los objetivos de déficit ya no serán los grandes protagonistas: el foco se pondrá en la deuda y se priorizará como variable de referencia la reducción del gasto primero neto, que no incorpora el desembolso en intereses ni en desempleo.

¿Cómo se alcanzan estos objetivos?

Este es uno de los puntos en que los halcones no han dado su brazo a torcer y han dejado huella. El acuerdo mantiene un ajuste estructural de al menos el 0,5% del PIB en el caso de los países que tengan abierto un procedimiento por déficit excesivo, pero introduce otras referencias numéricas comunes para todos los socios del bloque, unas salvaguardas introducidas por Alemania que dieron lugar a acalorados debates en los últimos meses.

Berlín ha logrado que aquellos países que tengan un desfase entre ingresos y gastos inferior al 3% —es decir, por debajo del tope máximo permitido—, pero una deuda pública igual o superior al 90%, también emprendan un camino de ajuste para rebajar a la mitad el agujero presupuestario, hasta rebajar los números rojos al 1,5% del PIB. La corrección de la deuda debe ser de al menos un punto de PIB promedio al año mientras esté vigente el plan de ajuste (de medio punto si la deuda está entre el 60% y el 90%). “Esta salvaguarda común de resiliencia debería garantizar la creación de reservas fiscales para situaciones adversas y shocks, facilitando así la aplicación de políticas anticíclicas en el marco de la unión fiscal”, reza el documento del acuerdo.

¿Qué son los planes de ajuste?

Son una de las grandes novedades del acuerdo y un elemento que reduce la rigidez del sistema. Se trata de planes individualizados con duración de cuatro años —hasta ahora eran de tres— para los países con deudas por encima del 60% del PIB. En este grupo está España, cuya deuda roza el 110%. Durante la vigencia del plan, el Estado deberá respetar un techo de gasto para que el déficit se coloque por debajo del 3% del PIB y la deuda se mantenga en una senda descendente. Esta propuesta había sido avanzada por la Comisión Europea y el Consejo la ha hecho suya. Existe la posibilidad de que estos planes se amplíen durante tres ejercicios más, hasta los siete años, pero bajo determinadas condiciones: el país tiene que comprometerse a hacer reformas e inversiones en ámbitos considerados estratégicos por la UE, que son las transiciones digital y ecológica y la seguridad.

El gasto en seguridad y defensa también podrá tener un tratamiento singular, un aspecto defendido por Francia: funcionará como atenuante si las cuentas se descuadran durante un ejercicio porque se han elevado estas partidas. París también ha reclamdo un régimen especial en los primeros años de vigencia de las nuevas normas para aquellos países con déficit superior al 3%, una exigencia que justifica con la fuerte subida de los tipos de interés. “La Comisión podrá, durante un período transitorio en 2025, 2026 y 2027 —para no comprometer los efectos positivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia—, ajustar el índice de referencia para tener en cuenta el aumento del pago de intereses”, señala el acuerdo.

¿Quién diseña los planes?

Este es otro elemento de flexibilidad en comparación con el modelo vigente. Las sendas de ajuste no serán impuestas de manera unilateral por la UE. Se negociarán entre el Gobierno del país que tiene que aplicar el ajuste y la Comisión Europea, de la misma manera que ahora se discuten los planes de recuperación. El paso previo para empezar este diálogo es que Bruselas evalúe la sostenibilidad de la deuda de cada país.

¿Cuándo empiezan a funcionar las nuevas reglas?

Será 2025 el año de pleno despliegue del nuevo marco, ya que tras el acuerdo político alcanzado es necesario cerrar el procedimiento formal con todas las instituciones europeas. La Comisión, sin embargo, ya ha pedido a los socios europeos que vayan haciendo ajustes, España incluida. El Ejecutivo comunitario ha recomendado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que limite el crecimiento del gasto primario al 2,6% y ya ha avisado que abrirá la próxima primavera un procedimiento de déficit excesivo en base al cierre presupuestario de este año, que el Gobierno estima negativo en un 3,9% del PIB.

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