“Estamos en una sociedad que envejece, es una oportunidad. Por lo tanto, es normal que trabajemos más tiempo. » Si a Emmanuel Macron le hubieran dicho, casi al día, durante la presentación de su programa para las elecciones presidenciales de 2022, que uno de sus puntos principales llevaría a Francia a su más grave crisis política y social desde los «chalecos amarillos», ¿Aún habría apoyado la necesidad aumentar la edad legal [de la retraite] gradualmente (…) hasta 65 años » (objetivo reducido a 64 desde entonces)? Muy inteligente quien podría decir hoy.

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Doce meses y diez días de manifestaciones después, está claro que el ejecutivo no ha logrado convencer. El Gobierno no sólo no ha logrado federar una sólida mayoría política en torno a su objetivo y ha optado por favorecer el artículo 49.3 para que se apruebe el proyecto de ley sin votación, sino que también se ha mostrado como el que rechaza los sindicatos de mano, cuyo presidente todavía arrepentida, el 22 de marzo por televisión, « que ninguno (…) no se ofreció un compromiso”. Al hacerlo, se privó de los bienvenidos relevos en un momento de tensión social sin precedentes.

Hay particularmente más sorprendente. Incluso antes de las tensiones sociales que siguieron al uso de 49.3, los errores de comunicación y otras aproximaciones sustantivas marcaron los debates políticos y luego parlamentarios. Son las críticas de un público, por benévolo que fuera, durante las primeras reuniones públicas recibidas en enero por el Ministro Delegado de Cuentas Públicas, Gabriel Attal, o el Ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, cuando ya era muy difícil distinguir cuál era el reforma actual o anteriores (reforma de Touraine de 2014 que establece cuarenta y tres años de cotización para una pensión a tasa completa, supresión gradual de los regímenes autónomos, etc.).

Perfume de amateurismo

es la palabra de » justicia « elegido por la Primera Ministra, Elisabeth Borne, para calificar su reforma, aunque para todos se trata de trabajar más, aunque los trabajos difíciles siempre se reparten dos años antes que los demás. Esta es la polémica sobre el empleo de personas mayores, presentada primero por ciertos miembros del gobierno como una matemática de la proporción de edad, antes de que se mencionaran medidas de acompañamiento para apoyar la contratación de mayores de 50 años.

Este es el error sobre los beneficiarios de la pensión mínima de 1.200 euros: el Sr. Dussopt primero confirmó que cuarenta mil personas se beneficiarían de esta revalorización, antes de remontar a fines de febrero al rango de diez mil a veinte mil verificado por el socialista Jérôme. Guedj. Es, finalmente, el carácter alusivo del estudio de impacto de la reforma en muchos puntos, empezando por los aspectos “redistributivos” del texto: ¿quién se beneficiará y en qué medida?

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