En 2022 habrá un gran incremento de la licitación y contratación pública de obras, de repente, respectivamente, un 34% y un 16%. Asimismo, el pasado mes de septiembre hubo un aumento del 5,1% en la inversión pública en infraestructura. Pero a pesar de estas subidas, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) considera que son insuficientes y recuerda que las necesidades de inversión pública para la modernización de infraestructuras en España siguen creciendo, con un mínimo de 253.000 millones de euros en infraestructuras básicas. areas relacionadas con el agua y medioambiente, la movilidad, la energia, la salud y la infraestructura verde.
–La inversión en obra pública crecerá en España este año. ¿Considera suficiente el aumento anunciado en los Presupuestos Generales del Estado? ¿Bastará para acercarse al reto de cumplir con los ambiciosos ODS en materia de infraestructuras fijadas por la Agenda 2030 de Naciones Unidas?
–La ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 recoge un incremento de inversión pública para los dos grandes ministerios inversores, Mitma y Miterd, del 13,3%, alineado con nuestra previsión de incremento de actividad para la obra civil nacional en este ejercicio, por 11,8 % Se trata sin duda de un buen registro, pero insuficiente para cumplir los ODS de l’Agenda 2030, que wait a nuestra última estimación requeriría invertir a mínimo de 253.000 millones de euros hasta 2030, ello sin contar con los nuevos requisitos derivados del programa REPowerEU y de la nueva Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas. Teniendo en cuenta que el componente de inversión pública asociado a infraestructuras en 2022 representa 10.823 millones de euros, tendremos una insuficiencia anual de recursos presupuestarios para cumplir el objetivo 2030 de 20.000 millones de euros al año.
–Energías renovables y alta velocidad acaparan el grueso del gasto público. ¿Cree que están siendo olvidados otros sectores claves? ¿En problemas resulta más urgente intervenir?
–La inversión en renovables, con alguna excepción, tiene una naturaleza privada y en lo que se refiere al desglose de la inversión pública del Estado, los ferrocarriles concentran el 51% del total, seguidos de las carreteras con el 18%, obras hidráulicas con el 17%, puertos con el 8% y aeropuertos con el 6%. Los correspondientes a las Administraciones Públicas fijan las prioridades por tipologías de infraestructuras, algo difícil de realización sin un grand plan nacional de referencia, y este sentido si sería urgente aumentar la inversión en infraestructuras hidráulicas, tanto de titularidad estatal como de las Comunidades Autónomas, habida cuenta que la planificación hidrológica 2021-2027 implica invertir 24.000 millones de euros en el ciclo del agua, y al ritmo de inversión actual cumpliremos los ODS en agua con 15 años de retraso.
–En España, los fondos europeos destinados a infraestructuras representan el 6,7% del total. ¿Esperaban una apuesta mayor? ¿Se están gestionando y obteniendo eficacia con estos fondos?
–El 6,7%, 11.619 M€, se refiere al peso de la creación de infraestructuras en los 173.525 millones de euros de subvenciones y prestamos del programa Next Generation, así que quedan pendientes de cisión importantes partidas del proyecto de diciembre addendum pasado, que podrían incrementar dicho porcentaje, con lo que sería imprescindible ampliar los plazos de ejecución. Me refiero al fondo de inversiones sostenibles de las Comunidades autónomas dotado con 20.000 millonesasí como la posibilidad de incorporar en Los Perte ya las inversiones autorizadas relativas a la infraestructura de recarga pública del vehículo eléctrico, al programa de conexión eléctrica OnShorePowerSupply en nuevos lugares del estado, a la ejecución de cementos flotantes asociados al depliegue de eólica marina Offshore, o el objeto 2030 de alcanzar una capacidad de bombas reversibles de 9,5 GW.
–¿Hay verdadero riesgo de que las obras queden desiertas si no se modifica el modelo de contratación pública?
–Nuestro modelo de contratación pública requiere una profunda actualización. A modo de ejemplo y entre otras cuestiones, deberíamos incorporar en nueva regulación la implementación de modelos colaborativos que garantizando el cumplimiento de presupuestos y plazos y maximizando el valor de los proyectos, introduciendo criterios ESG o considerando el ciclo de vida de la infraestructura. La modificación o no del modelo vigilante no guarda sin embargo relación con el riesgo de licitaciones desiertas, por cuanto es la inexistencia de sistemas de revisión de precios en los pliegos de 6.900 millones de euros d’obras licitadas y pendientes de contratar por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locale, lo que sí podría condicionar la ejecución de dichos contratos al no disponer de mecanismos de estabilización de precios tras la no prórroga del RD-ley 3/2022.
–¿La articulación de modelos ágiles de colaboración público-privada sigue siendo una asignación pendiente?
–La colaboración público-privada es de toda necesidad para suplir la restricción estructural de presupuestarios originada tras la consolidación fiscal de 2010. Y la regulación vigente derivada de la 2015 ley de desindexación desincentiva la atracción y apalancamiento de financiación privada en proyectos de infraestructuras. Prueba de ello es que un total de 28 informes emitidos en 2022 por la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), 7 cada 10 expedientes de concesiones presentados tuvieron informe desfavorable, afectando con ello a proyectos de nuevas concesiones por valor de 3.000 millones de euros de educación , servicios sociales, deportivos y sanitarios. Es por tanto preciso resolver este grave problema para lo que se requieren nuevas normas técnicas, que el sector está contrastando con la ONE.
–¿Qué impacto está teniendo la guerra en las empresas del sector?
–Ha impactado y sigue impactando en los precios de las materiales primas, qu’a pesar de la reducción registrada el año pasado, del -6%, -12% y -12%, en acero, cobre y aluminio respectivamente, siguen registrando unos niveles de precio muy superiores a los de 2020, con revisiones de precios en el 85% de las obras superando el límite del 20% del RDL 3/2022. El paro o incremento de este límite junto con la actualización del sistema de revisión de precios de nuestra regulación en lo relativo a la supresión o reducción de la deficiencia no revisable de 2 años y del primer 20% de ejecución, son dos prioritarias por resolver tanto para mitigar el impacto de la guerra en la actividad nacional de obra civil, como para incorporar en nuestro reglamento, con carácter general, un mecanismo de estabilización automática de activos en contratos públicos que garantice su estabilidad y equilibrio económico, asegurando con ello su cumplimiento.
Asimismo, la inexistencia de sistemas de revisión de precios en contratos de servicios de conservación, mantenimiento y explotación de carretas, vías férreas y ciclo integral del agua, que ocupen más de 70.000 trabajadores, obstaculicen y pongan en riesgo su ejecución al representar sus costes pays y de energía, de media, un 30% (vías y ferrocarriles) y un 31% (ciclo del agua), respectivamente.
–¿Cómo valora la salida de Ferrovial de España? ¿Creen que falta de seguridad jurídica en nuestro país existe?
–Ninguna participación, obviamente, en decisiones estratégicas de las empresas ni creemos que exista falta de seguridad jurídica en el nuevo país. Si realizamos propuestas, análisis e intervenciones ante nuestras Administraciones Públicas para mejorar la regulación y práctica de la contratación, que es una de nuestras líneas de actuación y que periódicamente resumimos en nuestro informe anual de actividad.