En un mundo cada vez más complejo y cada vez más polarizado, la toma de decisiones en el entorno de las políticas públicas requiere una investigación rigurosa y bien financiada.
¿Cómo podemos generar condiciones para que funcionarios, burocracias estatales y legisladores utilicen datos, evidencia y conocimiento aplicado sobre qué funciona en el diseño de políticas?
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha publicado una «Guía: Políticas Informadas en Evidencia» en colaboración con un equipo de especialistas afiliados a instituciones académicas para aumentar el rol de la evidencia en los procesos legislativos. Mi aporte a esta guía busca motivar un punto de partida para acercar a los políticos hacia la evidencia. Comparto en este artículo algunas de las ideas principales para ese fin.
¿Qué son las evidencias? La evidencia son datos e información de que nuestro ayudante ha entendido la realidad de manera objetiva. A menudo, las decisiones se basan en intuiciones, creencias o costumbres, que no siempre son necesarias o acertadas.
Entre funcionarios y representantes es frecuente que la ideología defina al diseñador de un programa dejando de lado los análisis de antecedentes de éxito y ejercicios de pruebas que validen su funcionamiento.
Las evidencias nos permiten, justamente, ver más allá de nuestras percepciones personales, deseos y posiciones políticas. Su uso en instancias de gobierno aumenta la garantía de eficacia de una política pública, un programa o una legislación.
Existen diversas formas de obtención de pruebas. Los métodos cualitativos, como las entrevistas en profundidad, encuestas y grupos focales, son útiles para acceder a la percepción pública sobre un tema y generar ideas. Los métodos cuantitativos, en cambio, son más efectivos para generalizar y trazar la evolución de un indicador a lo largo del tiempo. Un insumo esencial en los métodos cuantitativos son los datos, que pueden ser obtenidos a través de observaciones y mediciones.
Un ejemplo ilustrativo de la aplicación de políticas informadas en evidencia es el caso de la regulación de las bolsas plásticas en los comercios. Supongamos que una ciudad tiene como objetivo reducir el impacto ambiental a través de una baja en el uso de bolsas de plástico entre sus ciudadanos.
Priorizar esta decisión requiere entender un diagnóstico informado por la evidencia para responder, por ejemplo, ¿cuántos residuos genera una ciudad por año? y ¿qué porcentaje se explica por bolsas de plástico?
En segunda instancia, el interrogante se presentó como la política más efectiva para desalentar el uso de bolsas de plástico en la ciudad ¿Mediante algún impuesto o una restricción concreta a comercios para que las distribuyan? En un tercer momento, luego de implementar un impuesto, ¿cómo podemos efectivamente validar que la política ilustrada?
La investigación de la economista Tatiana Homonoff de la Universidad de Nueva York estima el efecto diferente de diferentes mecanismos para reducir el uso de tazones de plástico en comparación con 3 estados contiguos: Maryland, Virginia y Washington DC. En 2010, la legislatura de Washington DC aprobó un impuesto de 5 centavos de dólar por cada bolsa descartable solicitada por clientes en los comercios.
Antes de la ley, algunas iniciativas particulares de supermercados ofrecieron bonos de descuento de 5 centavos por cada bolsa reutilizable que traían consigo. ¿Qué política tiene mejor? En su investigación, Homonoff encontró que la aplicación del impuesto se debió a un cuatro con mayor efectividad que el bien de descuento en fomentar el uso de bolsas reutilizables. La publicación de este estudio se considera evidencia relevante para el diseño de programas ambientales en contextos urbanos.
Existen experiencias aisladas de colaboraciones entre académicos y funcionarios para el diseño de políticas. Pero, ¿cómo podemos hacerlas más duraderas y sostenibles? Para este fin, es imperativo fomentar una cultura que valore los datos y la evidencia en la toma de decisiones.
Esto implica no solo compilar datos, sino también desarrollar la infraestructura necesaria para generar datos de manera sistemática y ofrecerlos de manera abierta. Además, es básico capacitar a las personas a cargo de la toma de decisiones en el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para la evaluación de políticas.
Considere la inmensa disponibilidad de datos que tenemos al alcance de nosestros dedos, el Estado tiene una oportunidad única para promocionar políticas informadas en evidencia. Ya cuenta con bases de datos que pueden proporcionar información valiosa, pero a menudo no se aprovechan al máximo.
El Estado debe comprometerse a utilizar y generar evidencia de alta calidad, y ser transparente en cómo estas evidencias informan las políticas públicas. Pero el compromiso sólo no alcanza, ni tampoco es suficiente la infraestructura de administración de datos en la nube ni la publicación de portales y observatorios que sintetizan las políticas más efectivas para diferentes problemas.
Para generar un uso sustentable de la evidencia en los medios de comunicación plazo, es indispensable que los responsables de la toma de decisiones, así como la sociedad en su conjunto, reconozcan la importancia de la evidencia en la formulación de políticas.
Aquí es fundamental que podamos lograr una concientización efectiva para lograr un cambio cultural en la clase directa para empujar el interés por las evidencias. No podemos permitirnos el lujo de basar nuestras decisiones en intuiciones o creencias sin fundamento. Las políticas informadas en evidencia son el camino hacia una sociedad más justa, eficiente y sostenible para todos y todas.
Gastón Gertner es Director Ejecutivo del CEPE Di Tella y Profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés.