Trabajo asegura que su reforma del subsidio de paro está negociada con Bruselas y pactada entre el PSOE y Sumar | Economía

La polémica entre los Ministerios de Trabajo y Economía por la reforma de la protección asistencial a los parados ha tenido hoy un nuevo capítulo. En Trabajo están convencidos de que la reforma del subsidio de desempleo será la que ha diseñado este departamento, dirigido por su titular y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Aseguran que los cambios ya han sido negociados con Bruselas y que están incluidos en el pacto de coalición entre el PSOE y Sumar. Así, la reforma de esta ayuda ampliará su cobertura a más colectivos, elevará su cuantía y simplificará sus trámites, frente a las intenciones del Ministerio de Economía, que, según fuentes de Trabajo, pretendía aplicar varios recortes al subsidio.

En esta línea, las mismas fuentes del departamento de Díaz insisten en que Trabajo va a liderar tanto el diseño de esta reforma como las conversaciones con Europa, pese a que la ampliación del subsidio vaya a suponer un aumento del gasto social que pueda repercutir en el cumplimiento de las reglas de gasto. Sin embargo, estas mismas fuentes han precisado que actualmente el sistema de desempleo cuenta con un superávit de 4.800 millones de euros.

Según la última propuesta negociada sobre la mesa —que no coincide con las intenciones de Economía—, los principales elementos de esta reforma del subsidio de paro consistirán en ampliar su cobro a dos nuevos colectivos: unos 250.000 trabajadores eventuales agrarios de fuera de Extremadura y Andalucía; y a unos 150.000 menores de 45 años sin cargas familiares. En total, se sumarían 400.000 nuevos beneficiarios a los ya 800.000 parados que reciben esta ayuda.

En segundo lugar, la cuantía del subsidio, ahora fijado en el 80% del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) —por lo que este año es de 480 euros mensuales—, se elevará y se hará gradual, de forma que los beneficiarios empiecen cobrando el 110% del IPREM (660 euros mensuales este año) durante los primeros seis meses, el 90% (540 euros al mes) durante los seis meses siguientes y el 80% (480 euros al mes) el resto del tiempo que se cobre. Este diseño incrementará la ayuda y, consecuentemente, su coste. En este punto, fuentes de Trabajo precisan que Economía ha intentado que la cuantía, por el contrario, también graduara su cobro, pero incluso disminuyendo ligeramente la cantidad a cobrar. En concreto, el departamento habría planteado cobrar el 100% del IPREM los primeros tres meses (600 euros); el 80% en el segundo trimestre (480 euros); el tercer trimestre, un 65% (390 euros); y cuarto trimestre, el 50% (442,5 euros).

Compatibilidad

Además, siempre según las fuentes de Trabajo, el tiempo máximo de cobro de esta ayuda, actualmente fijado en un máximo de 30 meses, no se recortará si sale adelante la reforma diseñada por Díaz, mientras que en Economía parece que mantienen su intención de rebajar este plazo a doce meses, algo por lo que siguen peleando los negociadores del Calviño, indican estas fuentes. La que habría quedado descartada es la pretensión de Economía de elevar a 60 años la edad de acceso al subsidio de mayores de 52 años, apuntan en Trabajo.

Otro de los cambios que experimentará la norma será la de hacer compatible el cobro del subsidio de paro con un trabajo a tiempo completo durante los primeros 45 días de este nuevo empleo. Durante este tiempo, el beneficiario podrá cobrar el 100% de su sueldo y la cuantía completa que viniera cobrando por el subsidio.

Trabajo también quiere simplificar los trámites para recibir y mantener este subsidio. Para ello, va a eliminar el mes de espera que existe actualmente entre la percepción de la prestación contributiva de desempleo y el subsidio asistencial de paro. Asimismo, pretende eliminar la exigencia de tener que el perceptor de esta ayuda tenga que renovar mensualmente la demanda por desempleo y el control de rentas pasará a ser trimestral. También en este punto relacionado con el control de los parados que cobran el subsidio, fuentes de Trabajo lanzan duras críticas hacia los planes de Economía. Acusan al departamento de Calviño de querer imponer un sistema de sanciones que genere fuertes incentivos contra la economía sumergida, según el literal texto que habría escrito este Ministerio. Ante esto, desde el equipo de Díaz consideran que este planteamiento equipara al parado con una actitud fraudulenta, lo que atribuyen a un sesgo ideológico que, en su opinión sería plenamente compartido por la derecha política.

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