Frenazo en la liberación de los fondos europeos en el primer semestre de 2023. Entre año y junio de este año se ha comprometido a recursos por 7.770 millones de euros, lo que supone un 45,3% menos respecto a los medios de comunicación de los dos semestres del año pasado. Así se desprende de las cifras públicas realizadas este 18 de julio por LLYC en su última información al respecto.

“En general, la ejecución del plan de recuperación, en el año 2023, se ha desacelerado en el ritmo de compromiso de fondos, sobrio todo en relación a 2022, cuando se aceleró significativamente el lanzamiento de convocatorias de Subvenciones y licitaciones”, indica el documento En su caso califican el término de gasto comprometido como aquellos fondos sobre los que ya existen convocatoria o anuncio de licitación.

En el año 2021, con el comienzo del uso, se comprometerán 20.620 millones de euros, la mayoría de ellos en el segundo semestre. En 2022, el compromiso por semestre fue de una media de 14.200 millones (12.856 millones en el primero y 15.540 en el segundo). Pero este 2023 la cifra ha caido en picado.

Para LLYC, las razones de este freno en el despliegue de sus varios. «Los motivos más claros de esta demora parecen ser la prolongada negociación final de la addenda (que ha modificado aspectos del plan de recuperación original) y la demora en la publicación de la reforma del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), que la Comisión Europea pasó en febrero pero que aún no ha aparecido en el diario oficial de la UE. Adicionalmente, son factores adicionales la resolución de pre-notificaciones de programas presentados a la Comisión con el objetivo de ampliar su dotación (como es el caso de la convocatoria de valles del hidrógeno) o los cambios organizativos en ministerios claves para la ejecución del plan» , desgrana el informa.

Entrando más al detalle de la resolución de las convocatorias, con la adjudicación del dinero, la consultora pone el acento una vez más en qu’existen datos reales y exactos. En concreto, apunta a que solo hay datos actualizados en lo referente a la Administración del Estado (AGE)mientras que no hay registro actualizado de toda la información de las comunidades autónomas.

En relación con la Administración del Estado, a 30 de junio de 2023 ésta ha resuelto convocatorias y licitaciones por valor de 22.076 millones (un 63,69% de los 34.660 millones comprometidos por la AGE y un 31,4% del total de 70.316 millones del plan) . El importe de la adjudicación de fondos por parte de la AGE es del 73,91% (en línea con el cierre de 2022), se decide adjudicar muchísimos euros a los beneficiarios finales. En otras palabras, que uno de cada cuatro euros se quedan sin adjudicar, convirtiéndose en remanente para futuros períodos, algo que lleva ocurriendo desde el comienzo de la puesta en marcha de los recursos comunitarios.

En este sentido, LLYC hace cálculos sobre cuánto dinero se quedaría sin adjucar una vez desplegados todos los fondos del plan de recuperación original, par lo cual hay de plazo hasta finales de este año. Apunta tiene que «puede haber un total de más de 10.300 millones de restos cuando se adjudique el total del plan original, a lo que habría que añadir los posibles remanentes de la parte que gestionan las comunidades autónomas”.

Así las cosas, la consultora recuerda que el reto es todavía mayor ya que España ya ha solicitado el resto de los fondos europeos a través de la adenda al plan de recuperación, para acceder a más de 80.000 millones extra en créditos blancos y más transferencias a fondos perdidos.

Ojalá LLYC lance una serie de recomendaciones al Gobierno para tratar de agilizar el uso y absorción del dinero from Bruselas. Entre las medidas a adoptar, la consultora recomienda “la necesaria reforma de la administración pública, para fortalecer su capacidad de gestión; la mejora en la coordinación interadministrativa y multinivel, para una mayor participación de todos los actores involucrados en la definición de objetos y la adopción de procedimientos comunes; aumentar la transparencia sobre la expulsión, sobre todo lo relacionado con las CC.AA. ; registro que los controles no duran la velocidad de ejecución del plan, sin mejorar la eficiencia de estos controles; flexibilizar las condiciones de participación de las empresas en las convocatorias, facilitando los trámites que ahora la obstaculizan, sobre todo por parte de las pymes”, entre otros asuntos.