El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha decidido mantener al presidente de Renfe, Raül Blanco, pero designar a Ángel Contreras como nuevo responsable de Adif, en sustitución de María Luisa Domínguez. Estos nombramientos, junto al de José Antonio Santano, actual alcalde de Irún, como nuevo secretario de Estado de Transportes, son los cambios más importantes en el organigrama del Ministerio. La labor de estos tres altos cargos será fundamental en el traspaso completo a la Generalitat de Catalunya del servicio de Rodalies (Cercanías), incluyendo los activos (trenes, vías y estaciones) y el personal adscrito ahora a Renfe y Adif que presta estas labores.
Todos ellos deberán formar parte la mesa negociadora que se constituirá próximamente entre la Generalitat y el Ministerio de Transportes y en la que también estarán presentes los sindicatos de ambas empresas públicas, como les prometió el ministro a cambio de desconvocar las huelgas previstas en protesta por la transferencia.
José Antonio Santano, que sustituye a David Lucas como número dos del Ministerio, oficializó ayer su renuncia como alcalde de Irún después de 21 años en el cargo. Hombre de peso en el socialismo vasco (PSE-PSOE), deberá lidiar no solo con las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes, sino también con las del Gobierno vasco, que quiere un modelo similar del traspaso de Cercanías y que se aceleren los trabajos de la conexión de alta velocidad del País Vasco, la llamada Y vasca.
Por su parte, Contreras, ingeniero de caminos, lleva 12 años en Adif, los últimos cinco como director general de Conservación y Mantenimiento, y anteriormente trabajó en Ineco, la sociedad pública de ingeniería, también dependiente del Ministerio de Transportes. Contreras será el tercer presidente de Adif en 2023, ya que sustituye a María Luisa Domínguez, quien a su vez relevó a Isabel Pardo de Vera, destituida en febrero pasado tras el escándalo del contrato de los nuevos trenes de ancho métrico (vía estrecha) para Cantabria y Asturias que no cabían por los túneles.
Raül Blanco, que también accedió al cargo de presidente de Renfe (en sustitución de Isaías Tobías) por la crisis de los trenes de ancho métrico, tendrá que acometer la segregación de los activos de Rodalies y convencer a los sindicatos, sobre todo al poderoso colectivo de maquinistas (SEMAF), de que el traspaso del personal a la Generalitat no supondrá una merma de sus derechos laborales. Si se consuma la transferencia, será la primera vez desde la fundación de Renfe en 1941 que se trocea la empresa, sentando un precedente, puesto que otras autonomías pueden solicitar en el futuro este traspaso. Miembro destacado del Partido Socialista de Cataluña (PSC-PSOE), ha desempeñado varios cargos en la Generalitat de Catalunya, combinándolos con su labor como profesor (Universidad de Barcelona y en la Universidad Rovira i Virgili).
Por el momento, solo se ha hecho público el nombramiento de Santano, presentado este martes en el Ministerio, pero en los próximos días se completará el organigrama. Otra incógnita es si el nuevo ministro mantendrá su apoyo al actual presidente de Aena, Maurici Lucena. Aunque oficialmente este cargo lo nombra el consejo de administración del gestor de aeropuertos a propuesta de la empresa pública Enaire, que posee el 51% del capital, el nombramiento suele contar con la confianza del titular de Transportes, de quien depende orgánicamente Aena.
Cambios en Vivienda
Por su parte, el que hasta ahora era número dos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, se desvincula de Transportes porque pasará a ocupar el segundo escalón del nuevo Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Es decir, será el único secretario de Estado del departamento que ahora dirige Isabel Rodríguez, la última ministra portavoz de la anterior legislatura. Lucas, que fue alcalde de Móstoles (Madrid) por el PSOE hasta 2018 y llegó en 2020 al ministerio para ocuparse de la Secretaría general de Agenda Urbana y Vivienda, llevó gran parte del peso por la parte socialista en la negociación de la primera ley estatal de vivienda, un proceso que provocó roces con Unidas Podemos durante toda la legislatura.
Aprobada esa norma el pasado mayo, su implementación es uno de los grandes retos que tiene ahora Vivienda. Como se trata de una competencia transferida, la relación con las comunidades autónomas resulta clave. Y una de las tareas más inminentes, la aprobación de un índice de precios de referencia que permita poner controles a los precios de alquiler en las denominadas áreas tensionadas, ya ha provocado fricciones con Cataluña, que es a la sazón la única comunidad que ha dado pasos para aplicar esa parte de la ley. Pero hay otras que también deberán desarrollarse, como la ampliación del parque de vivienda social y asequible, que es según muchos expertos el gran problema estructural del mercado inmobiliario español. Al respecto hizo el PSOE grandes promesas en la campaña de las últimas elecciones autonómicas: ampliar el parque en casi 200.000 viviendas. Y las reiteró la ministra Rodríguez al asumir la cartera. Pero su materialización, para la que no se han dado plazos y que en buena parte depende también de otras Administraciones, no será sencilla.
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